En una ciudad donde encontrar departamento ya parece deporte extremo, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso un freno a una práctica que
traía a más de uno con el Jesús en la boca: las rentas en la CDMX no podrán
aumentar por encima de la inflación del año anterior.
Sí, así como lo lees. Nada de subir el precio “porque el mercado anda fuerte”,
“porque lo vale” o porque el casero amaneció inspirado. El Máximo Tribunal del
país reafirmó que los incrementos deben ajustarse al índice inflacionario previo,
marcando un límite claro para los arrendamientos de casa habitación.
En una capital donde el costo de vida no deja de escalar y donde mudarse
puede significar vaciar la cuenta bancaria, la decisión representa un respiro
para miles de inquilinos. Porque si el salario no sube mágicamente, al menos la
renta tampoco debería hacerlo.
La Corte no inventó una regla nueva, pero sí dejó claro que el tope inflacionario
no es sugerencia: es obligación. Y en tiempos donde cada metro cuadrado se
cotiza como si tuviera vista al mar, el recordatorio no es menor.
El debate, por supuesto, no tardó en encenderse. Hay quienes celebran la
medida como un acto de justicia social y protección al derecho a la vivienda.
Otros advierten que podría desincentivar la oferta de inmuebles en renta. Lo
cierto es que la resolución busca equilibrar una relación históricamente
desigual entre propietarios e inquilinos.
En la CDMX, donde compartir departamento ya es casi tradición urbana, la
decisión de la Corte manda un mensaje claro: el aumento de renta no puede ser
una sorpresa anual sin control.
Porque vivir en la capital ya es suficientemente caro como para que, además, el
contrato se convierta en susto.
