Cuando una presidenta dice “sí habrá reforma”, no está pidiendo permiso: está
marcando agenda. Claudia Sheinbaum lo dejó claro esta semana al confirmar
que la reforma electoral va y que será enviada al Congreso en febrero. Sin
rodeos, sin suspenso… y, por supuesto, sin evitar la polémica.
La frase fue breve, pero el eco es largo. Reforma electoral es sinónimo de
debate encendido, suspicacias opositoras y recuerdos recientes de
movilizaciones ciudadanas. Y aun así, Sheinbaum decidió avanzar. El mensaje
es claro: el tema no se congela, se discute ahora.
Aunque el contenido específico de la iniciativa aún no se presenta de manera
formal, desde Palacio Nacional se insiste en que la propuesta buscará ajustar el
sistema electoral, reducir costos y fortalecer lo que el gobierno considera áreas
de oportunidad. Del otro lado, críticos anticipan riesgos a la autonomía de los
órganos electorales y alertan sobre posibles retrocesos democráticos.
Nada nuevo bajo el sol. En México, cada intento de tocar las reglas del juego
electoral provoca alarma, marchas, comunicados urgentes y análisis de
sobremesa. Lo distinto esta vez es el timing político: Sheinbaum inicia su
administración con el control de la narrativa y con una mayoría legislativa que
podría facilitar el camino.
La presidenta ha reiterado que la reforma no busca eliminar elecciones ni
concentrar el poder, sino modernizar un sistema que, asegura, se ha vuelto
costoso y poco eficiente. Sin embargo, la palabra “reforma” aplicada a la
democracia mexicana nunca pasa sin desconfianza. Y quizá ahí radica el
verdadero reto: convencer.
Febrero será el mes clave. El Congreso recibirá la iniciativa y, con ella, un
debate que promete subir de tono. Lo que está en juego no es solo una ley, sino
la confianza pública en las reglas electorales.
Por ahora, Sheinbaum ya hizo su parte: avisar. El reloj político empezó a correr
y, como siempre, el árbitro será el Congreso… y la opinión pública.