En una decisión que seguramente hará suspirar de alivio a algunos
ciudadanos… y fruncir el ceño a más de un exfuncionario, el Senado de la
República (México) aprobó por unanimidad poner fin a las llamadas pensiones
“doradas”.
La nueva medida establece un tope máximo de 70 mil pesos mensuales para las
jubilaciones de altos funcionarios que hayan trabajado en empresas públicas y
organismos descentralizados de los tres órdenes de gobierno.
Sí, leyó bien: 70 mil pesos al mes.
Aunque la cifra sigue siendo bastante superior a la pensión promedio de
millones de mexicanos, el argumento legislativo es claro: reducir privilegios que
durante años fueron criticados por la ciudadanía.
Durante décadas, algunos altos cargos en instituciones públicas lograban
retirarse con pensiones muy superiores al promedio nacional, gracias a
esquemas especiales que garantizaban pagos elevados incluso después de
dejar el servicio público.
El tema se convirtió en una de esas discusiones recurrentes en la política
mexicana: cada cierto tiempo reaparece el debate sobre los beneficios de la
clase política frente a las condiciones laborales de la mayoría de los
trabajadores.
Con esta aprobación, el Senado busca cerrar la puerta a esos esquemas que
permitían jubilaciones consideradas excesivas para funcionarios de alto nivel.
La reforma establece que ningún retiro dentro de estas instituciones podrá
superar el nuevo límite mensual, lo que según legisladores permitirá generar
mayor equidad dentro del sistema de pensiones del sector público.
Claro que, como suele ocurrir en política, el anuncio también abre nuevas
preguntas.
Por ejemplo: si el límite será suficiente para evitar privilegios, o si con el tiempo
aparecerán nuevos mecanismos para rodear la norma.
Porque en México, cuando se trata de leyes… la creatividad burocrática nunca
se queda atrás.
Por ahora, el mensaje político es contundente: menos pensiones de lujo para
funcionarios públicos.
Aunque para millones de trabajadores que sobreviven con pensiones mucho
más bajas, la discusión inevitable sigue siendo otra:
qué tan justo es realmente el sistema de jubilación en el país.