La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado formalmente a Estados
Unidos la deportación de Bertha Olga Gómez, esposa del exgobernador de
Chihuahua, César Duarte, en un nuevo capítulo de uno de los casos de
corrupción más emblemáticos del país.
La fiscalía estatal de Chihuahua busca procesarla por su presunta participación
en desvíos de recursos durante la administración de Duarte, que abarcó de 2010
a 2016. Este periodo ha sido señalado repetidamente por irregularidades
financieras, triangulación de recursos y uso indebido del erario.
Aunque durante años el foco estuvo principalmente sobre el exgobernador,
ahora la atención se amplía hacia su círculo cercano. La solicitud de
deportación refleja la intención de las autoridades mexicanas de profundizar en
la red de responsabilidades y no limitarse únicamente a las figuras más visibles.
El proceso no será inmediato. Dependerá de las autoridades estadounidenses
evaluar la solicitud y determinar si procede la entrega. Mientras tanto, el caso
reaviva el debate sobre la cooperación internacional en materia de justicia y los
límites para perseguir delitos cometidos desde el poder.
Más allá del desenlace, el mensaje es claro: los casos de corrupción de alto
nivel siguen abiertos… y podrían alcanzar a más nombres.
