El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) exige la libertad de la
defensora indígena María Cruz Paz Zamora, detenida el 5 de junio de 2024 y
acusada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán de estar relacionada
con la desaparición de dos comuneros de Santa Cruz Tanaco, municipio de
Cherán.
Los desaparecidos, Israel Vargas Jerónimo y Óscar Vargas Campos, fueron
reportados como no localizados el 2 de enero del mismo año. La Fiscalía
sostiene que Paz Zamora tendría responsabilidad en el caso. Sin embargo,
familiares, autoridades comunales de Ocumicho y el propio CSIM denuncian que
se le pretende usar como “chivo expiatorio”.
La defensa afirma que el día de los hechos la activista se encontraba en
Zamora, lejos del lugar de la desaparición. El argumento central es que no
existen pruebas contundentes que la vinculen directamente con el caso y que
su detención responde a intereses políticos o conflictos comunitarios más
amplios.
El caso ha escalado más allá de lo judicial. Organizaciones indígenas y
colectivos de derechos humanos han comenzado a visibilizar la situación,
advirtiendo sobre un posible patrón de criminalización contra defensores del
territorio.
En redes sociales, la discusión está dividida. Hay quienes piden que la
investigación siga su curso sin presiones. Otros sostienen que la acusación
carece de sustento y que se trata de una estrategia para debilitar la
organización comunitaria.
Lo cierto es que el proceso legal está en marcha y será un juez quien determine
responsabilidades. Pero el debate ya está instalado: ¿se trata de justicia en
acción o de la construcción de un culpable conveniente?
En un estado marcado por conflictos territoriales y violencia, cada detención de
un líder comunitario tiene eco político.
Y mientras el expediente avanza en tribunales, en las comunidades la pregunta
sigue abierta: ¿defender el territorio puede convertirse en delito?