En el Congreso de Hidalgo, las leyes no solo se discuten… también se
interpretan. Y cuando eso pasa, el conflicto está garantizado.
Este martes 24 de marzo, diputados del Partido Revolucionario Institucional
iniciaron una protesta pacífica durante la sesión ordinaria, denunciando
presuntas irregularidades en el procedimiento legislativo. ¿El motivo? La
ausencia del acta de la sesión anterior en el orden del día. Un “detalle técnico”
que, en política, nunca es tan simple.
Encabezados por Marco Antonio Mendoza Bustamante y Montcerrat Hernández
Pérez, los legisladores exigieron explicaciones al presidente de la Mesa
Directiva, Aldo Meza. Según señalaron, el acta debía presentarse para su
lectura y aprobación, como dicta la práctica parlamentaria. Pero no ocurrió.
La respuesta oficial fue breve y poco tranquilizadora: el documento “se
presentará mañana” porque aún está en elaboración. Traducción política: no
está listo… o no conviene que esté listo hoy.
El reclamo no se quedó ahí. Durante su intervención, Mendoza Bustamante
cuestionó la legalidad de posponer el acta, especialmente cuando ya existía un
recurso formal promovido ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo por
su compañera de bancada.
Además, el PRI lanzó una acusación más delicada: posibles actos de violencia
política de género contra la diputada Hernández Pérez. Según denunciaron, en
la sesión anterior se habría repetido una votación de manera irregular, a pesar
de que ya se había alcanzado la mayoría necesaria. ¿El resultado? El dictamen
regresó a comisiones tras maniobras que, aseguran, alteraron el sentido del
voto.
Así, lo que debería ser un proceso claro terminó convertido en un episodio de
dudas, acusaciones y desconfianza.
La protesta continuará, dijeron, hasta obtener respuestas claras.
Porque en el Congreso, como en muchas partes, el problema no es que existan
reglas…
es que a veces parecen opcionales.

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