La violencia volvió a golpear al sector rural en México con el asesinato de Lina
Alejandra Rodríguez Castillo, presidenta de la organización Mujeres Ganaderas
de México (Mugam) y figura activa en el desarrollo del sector ganadero en
Chihuahua.
El crimen fue confirmado por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y
posteriormente por la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, que lamentó el
fallecimiento de quien también fungía como delegada de la Asociación
Ganadera Local de Guerrero.
Rodríguez Castillo no era una figura simbólica: impulsó la creación del capítulo
Chihuahua de Mujeres Ganaderas de México y trabajó activamente en
programas de capacitación para productoras del sector.
Su labor estaba enfocada en fortalecer la participación de las mujeres en una
actividad tradicionalmente dominada por estructuras masculinas, promoviendo
formación, organización y oportunidades económicas.
Tras el hecho, la organización Mujeres Ganaderas de México pidió a la
gobernadora Maru Campos instruir una investigación exhaustiva para
esclarecer el crimen y dar con los responsables.
El asesinato se suma a una larga lista de hechos violentos que afectan tanto a
líderes sociales como a actores del sector productivo en distintas regiones del
país.
Más allá del impacto político o gremial, el caso vuelve a poner sobre la mesa
una realidad incómoda: la inseguridad en zonas rurales, donde las actividades
productivas conviven con riesgos constantes.
Mientras las autoridades locales han expresado condolencias y prometido
investigación, el caso genera preocupación entre organizaciones del sector
ganadero, que han insistido en la necesidad de mayor protección.
El crimen no solo deja una pérdida humana, sino también un vacío en un
proyecto de organización femenina dentro del campo mexicano.