La justicia argentina volvió a poner el tema económico en el centro del caso
Vialidad, y esta vez con una decisión que pesa —literalmente— en millones. La
Cámara de Casación confirmó por mayoría el decomiso de bienes de la
expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia
Kirchner, y el empresario Lázaro Báez.
El objetivo es cubrir una cifra que da vértigo: casi 685 mil millones de pesos
argentinos, monto que los condenados deben responder dentro del proceso
judicial por irregularidades en la obra pública. Sí, una suma tan grande que
incluso leerla sin equivocarse ya es un logro.
Este fallo se enmarca en la causa Vialidad, en la que la exmandataria ya cumple
una condena de seis años de prisión domiciliaria. Y ahora, además de la pena, el
foco se traslada al patrimonio.
La decisión del tribunal no fue unánime, pero sí suficiente para sostener el
decomiso, lo que abre una nueva etapa en el proceso: ya no se trata solo de
responsabilidad penal, sino de recuperar dinero que el Estado considera
desviado.
Como era de esperarse, el caso vuelve a encender la polarización política en
Argentina. Para algunos, es justicia tardía pero necesaria; para otros, una
persecución judicial con fines políticos. En el medio, una cifra multimillonaria
que sigue creciendo en el debate público más rápido que en los expedientes.
Lo cierto es que este tipo de resoluciones rara vez pasan desapercibidas. No
solo por la figura de Cristina Kirchner, sino por el tamaño del monto involucrado
y el impacto simbólico que tiene sobre la clase política en general: el mensaje
es claro, los bienes también entran en juego.
Mientras tanto, el caso Vialidad sigue siendo uno de los procesos judiciales más
observados de la región, y cada decisión añade una capa más a una historia que
parece lejos de terminar.
