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¡LOS JUNIORS DEL PODER!
POR LA REDACCIÓN
PACHUCA, HGO., 17 DE ABRIL DE 2026
El debate sobre el privilegio en la política mexicana no es nuevo,
pero en los últimos años ha cobrado una dimensión particularmente
sensible: la presencia de hijos de funcionarios públicos en posiciones
dentro del aparato estatal, muchas veces con salarios elevados y
trayectorias que generan sospechas de favoritismo. En un contexto
donde el discurso oficial ha girado en torno a la austeridad republicana y
el combate a la corrupción, estos casos resultan especialmente
incómodos y no solo en el CDMX sino en nuestra entidad.
La llamada “cuarta transformación” (4T) llegó al poder con la
promesa de erradicar prácticas del viejo régimen, entre ellas el
influyentísimo y el nepotismo. Sin embargo, diversas situaciones han
puesto en entredicho la congruencia entre el discurso y la realidad.
Señalamientos sobre familiares de figuras cercanas al poder incluyendo
el hijo de Gerardo Fernández Noroña o perfiles vinculados a funcionarios
afines al proyecto han alimentado la percepción de que ciertos
privilegios persisten, aunque bajo nuevas justificaciones, la lista es larga
siempre el hay un hijo o hija incomoda.
El caso del hijo de Marcelo Ebrard, quien ha desarrollado parte de
su vida en el extranjero, también ha sido tema de conversación pública,
no tanto por ilegalidad comprobada, sino por lo que simboliza: una élite
política cuyos entornos familiares siguen gozando de oportunidades
diferenciadas. En sí mismo, vivir o estudiar fuera del país no constituye
falta alguna; el problema surge cuando estas condiciones contrastan
con el discurso de cercanía con el pueblo y rechazo a los excesos.
Más allá de nombres específicos, el fenómeno plantea una
pregunta de fondo: ¿realmente ha cambiado la lógica de acceso al poder
y a los beneficios que lo acompañan? Cuando hijos de funcionarios
ocupan cargos en dependencias públicas con sueldos elevados, la línea
entre mérito y privilegio se vuelve difusa. Incluso si cumplen con los
requisitos formales, el simple hecho de su cercanía con el poder genera
desconfianza.
La legitimidad de un proyecto político no solo depende de sus
políticas públicas, sino también de la coherencia ética de quienes lo
encarnan. En un país con profundas desigualdades, la percepción de que
existe una nueva clase privilegiada, aunque se presente como distinta a
la anterior erosiona la confianza ciudadana.
La discusión no debería centrarse únicamente en casos
individuales, sino en la necesidad de fortalecer mecanismos
institucionales que garanticen transparencia, rendición de cuentas y
procesos de selección verdaderamente abiertos. Sin ello, cualquier
gobierno, independientemente de su ideología, corre el riesgo de
reproducir las mismas prácticas que prometió erradicar.
Al final, la exigencia social es clara: que el poder deje de ser una
vía para reproducir privilegios familiares y se convierta, de verdad, en un
instrumento al servicio del interés público.