Las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción cometidos durante
la gestión de Genaro García Luna continúan sumando capítulos. Esta vez,
fuerzas federales detuvieron en la Ciudad de México a Antonio Molina Díaz,
quien se desempeñó como Coordinador General de Centros Federales entre
2013 y 2018, por su presunta participación en una red de desvío de recursos
públicos que habría afectado al sistema penitenciario nacional.
De acuerdo con información de la Fiscalía Especializada en Materia de
Delincuencia Organizada (FEMDO), el exfuncionario es señalado por formar
parte de una estructura que presuntamente operó durante varios años para
desviar más de cinco mil millones de pesos mediante contratos simulados y
empresas fachada relacionadas con la construcción y operación de centros
penitenciarios federales.
Las autoridades señalan que Molina Díaz tuvo una participación relevante en la
firma de contratos para la construcción de ocho centros federales de reclusión
durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Dichos
convenios son actualmente objeto de diversas investigaciones por posibles
irregularidades administrativas y financieras.
Según las indagatorias, la red habría sido encabezada por el exsecretario de
Seguridad Pública, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos
por delitos relacionados con el narcotráfico. La investigación también involucra
a excolaboradores, familiares y empresarios que habrían participado en
operaciones para ocultar el destino de recursos públicos.
Durante el operativo de captura, agentes federales aseguraron 2 mil 500 dólares
estadounidenses, 36 mil 590 pesos en efectivo, varios teléfonos celulares e
identificaciones presuntamente apócrifas con distintos nombres, elementos que
ya forman parte de la carpeta de investigación.
La detención representa un nuevo golpe contra quienes son investigados por
posibles actos de corrupción dentro de las instituciones de seguridad durante
sexenios anteriores. Aunque las autoridades no han revelado mayores detalles
sobre el proceso judicial que enfrentará Molina Díaz, se espera que en las
próximas horas sea presentado ante un juez para definir su situación legal.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los recursos destinados al
sistema penitenciario federal y reaviva el debate sobre la transparencia en la
asignación de contratos públicos de gran escala.
Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades federales aseguran que
continuarán las acciones para deslindar responsabilidades y recuperar los
recursos que presuntamente fueron desviados en perjuicio del erario público.
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