La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró válida la reforma
constitucional al Poder Judicial, luego de recibir el respaldo de 25 congresos
estatales, con lo que quedó avalado uno de los cambios más relevantes al
sistema de justicia mexicano en los últimos años.
La reforma establece que la siguiente etapa de la elección de jueces,
magistrados y otros integrantes del Poder Judicial federal y estatal se llevará a
cabo en junio de 2028. Además, incorpora diversos ajustes a la estructura y
funcionamiento de las instituciones encargadas de impartir justicia en el país.
Entre las modificaciones destaca la recuperación de las salas de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ahora serán denominadas
“secciones”, con el propósito de fortalecer la organización interna del máximo
tribunal del país.
Otro de los puntos relevantes de la reforma contempla la posibilidad de
reelección para algunos integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). De esta manera, los magistrados
Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Mónica Soto y Reyes Rodríguez podrán
extender su permanencia en el cargo por un periodo adicional de cinco años,
alcanzando hasta 18 años de servicio en dicho órgano jurisdiccional.
La reforma también mantiene el mecanismo de insaculación, conocido
popularmente como “tómbola”, para depurar las listas de aspirantes que serán
postulados por los tres Poderes de la Unión. Este procedimiento busca
garantizar la integración de candidaturas dentro del nuevo modelo de selección
judicial.
Asimismo, se crea una Comisión Coordinadora integrada por representantes de
los comités de selección de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este
nuevo órgano tendrá la responsabilidad de verificar que los aspirantes cumplan
con los requisitos constitucionales y legales establecidos para participar en los
procesos de selección.
Entre sus atribuciones también se encuentra la elaboración de criterios
homologados de evaluación, la definición de metodologías para la aplicación de
exámenes de conocimientos y la emisión de acuerdos que regulen el trabajo de
los tres comités responsables de la selección de candidatos.
Los impulsores de la reforma sostienen que estas modificaciones buscan
fortalecer la transparencia y mejorar los mecanismos de acceso a los cargos
judiciales. Por su parte, sectores de oposición y especialistas han expresado
diversas opiniones respecto a los alcances e implicaciones que tendrá este
nuevo modelo para la impartición de justicia en México.
Con la declaratoria de validez constitucional, el Congreso concluye una etapa
fundamental del proceso legislativo. Ahora corresponderá a las autoridades
electorales y judiciales avanzar en la implementación de las nuevas
disposiciones que regirán la integración de distintos órganos jurisdiccionales en
los próximos años.
La elección judicial prevista para 2028 marcará un nuevo capítulo en la historia
del sistema de justicia mexicano y será uno de los procesos institucionales más
observados en el país.
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