La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el desmantelamiento de
una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal conocida como “El
Caballito”, organización que habría emitido facturas falsas por más de 12 mil
millones de pesos mediante un complejo esquema de empresas fachada y
asociaciones civiles.
El pasado 29 de mayo, autoridades federales dieron a conocer la detención de
ocho personas vinculadas con esta estructura, entre ellas dos de sus presuntos
líderes, quienes ya comparecieron ante un juez en el Centro de Justicia Penal
Federal de Michoacán.
De acuerdo con la FGR, los detenidos fueron imputados inicialmente por la
expedición de comprobantes fiscales falsos, delito que contempla penas de
hasta nueve años de prisión. Sin embargo, las autoridades no descartan que
conforme avancen las investigaciones puedan sumarse cargos por delincuencia
organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante una conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía Especializada de
Asuntos Relevantes, Ulises Lara, señaló que el monto de las facturas falsas
detectadas supera los 12 mil millones de pesos, una cifra que, según explicó,
equivale a casi la mitad del presupuesto asignado al estado de Tlaxcala para el
ejercicio fiscal 2026.
Las investigaciones revelan que la organización operaba a través de al menos
15 empresas y asociaciones civiles ubicadas en estados como Jalisco,
Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, desde donde presuntamente
simulaban operaciones comerciales para facilitar la evasión de impuestos.
Según las autoridades, el esquema consistía en acercarse a empresas reales
para ofrecer supuestos servicios de planeación laboral. Posteriormente,
mediante asociaciones civiles y compañías fantasma, se generaban facturas
por asesorías inexistentes y se realizaban movimientos financieros destinados a
ocultar el origen y destino de los recursos.
La FGR explicó que parte del dinero era distribuido como incentivos o pagos
simulados, evitando el pago correspondiente del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
y otras obligaciones fiscales.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que la Fiscalía reconoció
que existían denuncias relacionadas con esta red desde hace al menos tres
años. De acuerdo con Ulises Lara, la información se encontraba dispersa en
distintas investigaciones y fue hasta la actual integración de expedientes
cuando se logró establecer la conexión entre los distintos actores involucrados.
Las autoridades señalaron que la investigación continúa abierta y que podrían
surgir nuevas órdenes de aprehensión o procedimientos judiciales conforme se
obtengan más elementos de prueba sobre la operación de esta presunta
organización delictiva.
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