La austeridad republicana resultó ser más un cuento de hadas que un manual de
gobierno
En Hidalgo, la famosa austeridad republicana parece correr el riesgo de
convertirse en una leyenda urbana. Todos hablan de ella, todos la presumen,
pero cada vez son más los ciudadanos que se preguntan dónde vive, porque en
los hechos nomás no la encuentran.
Y es que mientras a los hidalguenses se les pide apretarse el cinturón, en
algunos círculos del poder parece que el cinturón es de marca exclusiva y con
hebilla de lujo.
El más reciente capítulo de esta novela tiene como protagonista al oficial mayor
del Gobierno de Hidalgo, Edgar Orlando Ángeles Pérez, cuyo nombre aparece
vinculado a una operación inmobiliaria que hoy provoca más preguntas que
respuestas.
De acuerdo con información documentada públicamente, el funcionario habría
adquirido un departamento valuado en 3.8 millones de pesos a una empresa
relacionada con un empresario que, casualmente, también aparece ligado a
contratos millonarios con el propio gobierno estatal.
Y aquí es donde la historia se pone interesante.
Porque la Oficialía Mayor no es precisamente una oficina decorativa. Se trata de
la dependencia encargada de coordinar adquisiciones, arrendamientos y buena
parte de los procesos administrativos del gobierno. Es decir, la ventanilla donde
pasan muchos de los asuntos relacionados con el dinero público.
La pregunta no surge por la compra del inmueble en sí misma. Cualquier
servidor público tiene derecho a adquirir patrimonio si puede justificarlo
conforme a la ley. El detalle es el contexto, los vínculos previos y las
coincidencias que aparecen alrededor del caso.
Según los registros revisados, existiría una relación profesional previa entre el
funcionario y el empresario involucrado. Ambos habrían compartido espacios
laborales y empresariales antes de coincidir nuevamente en la esfera pública.
Nada ilegal por sí mismo.
Pero en política, las coincidencias suelen tener la mala costumbre de
convertirse en sospechas.
Más aún cuando las empresas relacionadas con el mismo grupo empresarial
aparecen vinculadas a contratos que, según información pública, representarían
cientos de millones de pesos para las arcas estatales.
Por eso el asunto ya no se limita a un departamento de lujo ni a una operación
inmobiliaria. El verdadero debate gira alrededor de la transparencia, los
posibles conflictos de interés y la congruencia entre el discurso gubernamental
y la realidad administrativa.
Porque una cosa es hablar de austeridad desde el micrófono y otra muy distinta
hacerlo desde la sala de un departamento valuado en varios millones de pesos.
Y como suele ocurrir cuando se acerca la recta final de una administración,
pareciera que algunos funcionarios comienzan a escuchar aquel viejo refrán
ranchero que tanto conocen los políticos experimentados:
"Reata, no te revientes, que es el último estirón."
Quizá por eso algunos estiran la liga hasta donde creen que aguanta. El
problema aparece cuando la liga comienza a tensarse demasiado y los
ciudadanos empiezan a preguntarse si el discurso de transformación era
realmente un proyecto de gobierno o simplemente una estrategia de
mercadotecnia política.
Por ahora no existen resoluciones administrativas o judiciales que determinen
responsabilidades. Eso corresponde a las autoridades.
Pero en el tribunal de la opinión pública las preguntas ya están sobre la mesa.
Y en política, cuando las explicaciones tardan en llegar, las sospechas suelen
llegar primero.
Porque al final, la austeridad no se mide en discursos.
Se mide en congruencia.
Y esa, como los departamentos de varios millones, no siempre está al alcance
de todos.