PAG. 2
¿EL BILLETE, DA RAPIDEZ DE LA JUSTICIA?
OPINIÓN DE: MARÍA GIL
PACHUCA, HGO., 03 DE NOVIEMBRE DE 2023
Tras la detención del ex procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, en agosto de 2022, el también ex gobernador de Hidalgo ha sido internado en varias ocasiones principalmente por problemas cardiovasculares.
En octubre de 2022, Jesús Murillo Karam, fue ingresado a terapia intensiva para ser intervenido debido a complicaciones por presión alta, elevados niveles de colesterol y triglicéridos.
El ex procurador fue acusado de los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin embargo, a más de un año de su detención y supuestamente debido a sus problemas de salud y después de que sus abogados buscaran la prisión domiciliaria en consideración a su “delicado estado de salud y a su edad” un juez otorgo “prisión domiciliaria” al exfuncionario en plenos festejos de día de muertos.
Fue durante la madrugada del jueves cuando el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con sede en el Reclusorio Norte, José Rivas González, usó el encargo de la guardia que le permite sustituir al juez titular de la causa 3072022, Edmundo Manuel Perusia, para cambiar la medida cautelar a prisión domiciliaria con brazalete electrónico, al exprocurador general de la República.
Cabe señalarse que, con esta determinación, no se exonera de cargo alguno al ex procurador Murillo Karam, quien continuará sujeto a prisión preventiva justificada por tortura y desaparición forzada, que se siguen en otra carpeta de investigación ante un juez en el Reclusorio Sur.
Es lamentable que se haya emitido esa determinación en día inhábil de manera similar a los “sabadazos”, un procedimiento que no es el más adecuado, pues viola el curso regular de la justicia, se usó como distractor la festividad del Día de Muertos.
El juez de guardia se aprovechó del sistema de turnos para evadir la determinación del juez que conoce de la causa.
Se fijó la audiencia en un plazo de tres horas, una rapidez inusitada, ya que en ocasiones la judicialización de una carpeta se ha logrado después de 10 meses de ser solicitada, siendo que el plazo legal es de 15 días.
Esta condenable decisión manda un mensaje que podría avanzar hacia la impunidad.
