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PACHUCA, HGO., 11 DE JULIO DE 2025.
Siempre se ha pedido que se juzguen a los ex presidentes por su ambición desmedida hoy es El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, ha sido señalado en un juicio civil en Israel por presuntamente haber recibido sobornos millonarios a cambio de facilitar la contratación del software espía Pegasus durante su sexenio (2012–2018).
La acusación, de alto impacto político, ha encendido alarmas tanto en la sociedad civil como en instancias judiciales mexicanas.
De acuerdo con documentos filtrados de un litigio entre empresarios Israelíes relacionados con la firma NSO Group, al menos 25 millones de dólares habrían sido entregados a un funcionario identificado como “Enrique Peña Nieto” para garantizar la adjudicación de contratos relacionados con Pegasus. El software es conocido por ser utilizado para espiar a periodistas, activistas y opositores.
El testimonio clave proviene de un arbitraje entre los socios.
Avishai Neriah y Uri Ansbacher, quienes afirmaron haber canalizado los fondos a través de estructuras financieras para asegurar su influencia en el gobierno mexicano.
Desde Madrid, donde reside desde el fin de su mandato, Peña Nieto negó de forma categórica las acusaciones. En una breve entrevista, declaró: “Son absolutamente falsas y carentes de sustento. Nunca recibí ningún beneficio personal por contratos con Pegasus o con cualquier otra empresa.”
El expresidente consideró tomar acciones legales por difamación, calificando los señalamientos como una campaña de desprestigio sin
base jurídica.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación formal. Informó que se solicitará cooperación internacional a las autoridades israelíes para obtener pruebas y esclarecer los hechos.
“No se trata de una denuncia menor. Si hay elementos, iremos hasta las últimas consecuencias”, afirmó Gertz.
Organizaciones como Artículo 19, R3D y SocialTIC exigieron una investigación transparente e independiente. Recuerdan que Pegasus fue utilizado para espiar a defensores de derechos humanos y periodistas durante el sexenio peñista, y consideran que este nuevo capítulo debe esclarecer quiénes fueron los responsables políticos.
“Si hubo corrupción al más alto nivel para comprar herramientas de vigilancia ilegal, debe castigarse conforme a la ley”, declaró Ana Cristina Ruelas, representante de R3D.
Por ahora, Peña Nieto no enfrenta cargos penales, pero la investigación sigue en curso. El éxito de la FGR dependerá en gran medida de la colaboración de autoridades extranjeras y del acceso a documentos clave del juicio israelí.
Este nuevo giro en el caso Pegasus vuelve a colocar en el centro del debate la impunidad en los altos niveles del poder y abre un precedente que podría marcar el futuro político-judicial del país.
