Un juez federal otorgó el primer amparo contra la implementación de la CURP biométrica, el sistema que busca registrar a los ciudadanos mediante reconocimiento facial y huellas dactilares. La decisión representa un freno temporal a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), encargada de la modernización del registro de identidad en México.
La resolución judicial señala que la medida de obligar a los ciudadanos a registrar sus datos biométricos podría vulnerar derechos fundamentales, como la privacidad y la protección de datos personales. El amparo fue solicitado por un ciudadano que argumentó que el uso de la biometría sin un marco legal claro podría derivar en filtraciones o abusos de información sensible.
El juez ordenó suspender temporalmente la exigencia de la CURP biométrica mientras se analiza la constitucionalidad del programa, y solicitó a las autoridades federales un informe detallado sobre los procedimientos de almacenamiento, seguridad y uso de los datos recabados.
Desde su anuncio, la implementación de la CURP biométrica ha generado debate. Funcionarios de la SEGOB aseguraban que el sistema fortalecería la seguridad, simplificaría trámites y reduciría la suplantación de identidad.
Sin embargo, especialistas en derecho digital y privacidad alertaron sobre posibles riesgos y la necesidad de regulaciones claras.
Expertos consideran que esta resolución marca un precedente importante, ya que abre la puerta a que más ciudadanos impugnen la obligatoriedad de la biometría si consideran que sus derechos son vulnerados. También subrayan la necesidad de un debate legislativo para garantizar la protección de datos y el uso responsable de la tecnología.
La SEGOB informó que acatará la resolución del juez y continuará revisando los procedimientos del proyecto, aunque mantiene la intención de modernizar el registro de identidad de manera segura y legal.