A casi dos décadas del caso, una instancia internacional volvió a decir lo que
por años se intentó minimizar: el Estado mexicano es responsable de la
violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio, de acuerdo con la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). No fue una confusión
médica, no fue una “muerte natural”, no fue un error aislado. Fue una cadena de
abusos y omisiones con sello institucional.
Ernestina Ascencio, mujer indígena nahua de la Sierra de Zongolica, Veracruz,
murió en 2007 tras denunciar haber sido agredida sexualmente por militares.
Desde el inicio, el caso estuvo rodeado de irregularidades, versiones
contradictorias y un intento evidente por cerrar el expediente lo más rápido
posible. La narrativa oficial de aquel entonces prefirió hablar de gastritis antes
que de violencia sexual.
La resolución de la CoIDH desmonta esa versión y confirma lo que
organizaciones civiles y defensores de derechos humanos señalaron durante
años: Ernestina fue víctima de violencia sexual, tortura y negligencia médica, y
el Estado no solo falló en protegerla, sino que encubrió los hechos.
El fallo señala múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo el
acceso a la justicia, la integridad personal y la dignidad de una mujer indígena
en condición de vulnerabilidad. Porque no se trató solo de violencia física, sino
de un sistema que decidió no escucharla, no creerle y, finalmente, borrarla del
discurso oficial.
La resolución también evidencia el trato diferenciado que enfrentan las mujeres
indígenas en México: cuando denuncian, no se les cree; cuando mueren, se les
silencia. El caso de Ernestina Ascencio se convirtió en símbolo de impunidad,
pero también en una herida abierta que nunca cerró.
Ahora, el reconocimiento internacional llega tarde, pero llega. Y con él, la
obligación del Estado mexicano de asumir responsabilidades, reparar el daño y
garantizar que algo así no vuelva a repetirse. Aunque la historia demuestra que
las promesas suelen quedarse en el papel.
Ernestina Ascencio no tuvo justicia en vida. La pregunta es si este fallo servirá
para algo más que para archivar otra verdad incómoda. Porque reconocer la
culpa es solo el primer paso. Lo difícil, como siempre, es no repetirla.