El poder político no fue suficiente para escapar de la justicia. Javier López
Zavala, excandidato del PRI a la gubernatura de Puebla, fue declarado culpable
del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, un caso que sacudió al
país y se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia de género y la
impunidad.
La resolución judicial marca un punto clave en un proceso largo y seguido de
cerca por la opinión pública. Cecilia Monzón fue asesinada en mayo de 2022 en
un ataque directo que evidenció no solo la brutalidad del crimen, sino también
los riesgos que enfrentan las mujeres que alzan la voz contra la violencia y el
abuso de poder.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas que acreditaron la
responsabilidad de López Zavala como autor intelectual del feminicidio. El fallo
fue recibido como un paso importante en un país donde la mayoría de los
crímenes contra mujeres permanecen sin castigo y donde los agresores,
especialmente aquellos con influencia política, rara vez enfrentan
consecuencias reales.
Cecilia Monzón no solo era abogada, también era una activista reconocida por
su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres y por denunciar violencia
familiar. Su asesinato provocó protestas, exigencias de justicia y una presión
constante para que el caso no quedara archivado ni diluido en trámites
judiciales interminables.
En redes sociales, la noticia generó una ola de reacciones. Para muchos, la
culpabilidad declarada contra López Zavala representa una victoria parcial: un
mensaje de que la justicia puede alcanzar incluso a figuras políticas. Para otros,
el fallo llega tarde y no compensa la pérdida ni el dolor de la familia de Cecilia,
especialmente de su hijo.
El caso deja una lección incómoda pero necesaria: los cargos, partidos y
campañas no borran la responsabilidad penal. La violencia feminicida no
distingue ideologías, y la justicia, cuando actúa, tampoco debería hacerlo.
Cecilia Monzón no volverá, pero su nombre queda ligado a una exigencia clara:
ni silencio, ni impunidad.