Cuando la palabra “austeridad” entra al diccionario del poder, siempre levanta
cejas. Esta vez, el turno es del Poder Judicial.
Se prevé que en 2026 se logre un ahorro superior a 533.5 millones de pesos
mediante un programa de austeridad y reordenamiento administrativo que
aplicará a distintas instancias clave: la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el
Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el Tribunal de Disciplina Judicial
(TDJ).
La meta suena ambiciosa. Más de medio millar de millones no se encuentran
debajo de los cojines institucionales. El ajuste implicará reorganización interna,
optimización de recursos y, según lo proyectado, una reducción de gastos
operativos.
El discurso oficial apunta a eficiencia: gastar mejor, gastar menos y mantener la
calidad en la impartición de justicia. Porque claro, nadie quiere que la
austeridad se traduzca en lentitud judicial. Si algo no necesita el país son más
expedientes acumulándose.
El reto está en el equilibrio.
Por un lado, existe presión política y social para que todos los poderes se
ajusten el cinturón. Por otro, el Poder Judicial insiste en que su autonomía
también pasa por contar con recursos suficientes para operar sin interferencias.
La pregunta que queda en el aire es si estos ahorros vendrán de procesos
duplicados y gastos administrativos inflados… o si terminarán impactando áreas
sensibles.
En tiempos donde cada peso público es escrutado, el mensaje parece claro: la
justicia también entra al plan de recorte.
Eso sí, el verdadero examen no será cuánto se ahorra en papel… sino si las
sentencias siguen llegando a tiempo.