Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la reforma sobre feminicidio es algo
“en lo que todos estamos de acuerdo”, lanzó una frase que suena lógica… pero que, en la
práctica resulta, por lo menos, optimista.
La mandataria sostuvo que no cree que exista alguien que se oponga a que la muerte
violenta de una mujer sea investigada como feminicidio. Y claro, en el discurso, es difícil
debatir eso. Nadie va a salir públicamente a decir lo contrario.
El problema empieza cuando el consenso se queda en palabras.
Porque, aunque la idea parece incuestionable, la realidad en México ha demostrado algo
distinto: muchos casos que deberían investigarse como feminicidio terminan siendo
clasificados como homicidios simples. ¿La consecuencia? Menores penas, menos atención
y, en muchos casos, justicia incompleta.
Así que sí, tal vez nadie se opone… pero tampoco todos actúan en consecuencia.
El planteamiento de Sheinbaum llega en medio de una discusión más amplia sobre la
homologación del delito a nivel nacional. La intención es clara: evitar que existan
diferencias entre estados y cerrar espacios a la impunidad. Sin embargo, el verdadero reto
no está en la ley escrita, sino en cómo se aplica.
Y ahí es donde el consenso empieza a desmoronarse.
Porque no basta con estar “de acuerdo” si las instituciones encargadas de investigar,
procesar y sancionar no cuentan con los recursos, la capacitación o, en algunos casos, la
voluntad para hacerlo correctamente.
En otras palabras, el problema no es ideológico… es operativo.
La frase de la presidenta refleja una aspiración válida: que el feminicidio sea tratado con la
seriedad que merece. Pero también evidencia una desconexión con lo que ocurre en el
terreno real, donde cada caso enfrenta obstáculos distintos.
Al final, el consenso verdadero no se mide en declaraciones, sino en resultados.
Y ahí, México todavía tiene una deuda pendiente.