La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió darle un giro importante —y
polémico— a las reglas del juego financiero en México.
Ahora, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) podrá bloquear cuentas
bancarias sin necesidad de orden judicial, sin intervención del Ministerio
Público y, para rematar, sin solicitud extranjera.
Sí, así como suena: si existen “indicios suficientes” de delitos como lavado de
dinero o financiamiento al terrorismo, tu dinero podría quedar congelado más
rápido que un meme viral.
El argumento oficial es claro: actuar con rapidez frente a delitos financieros.
Pero el problema es igual de evidente: ¿qué tan claros son esos “indicios”? ¿y
quién decide?
La medida rompe con criterios anteriores y abre un debate serio sobre
derechos, presunción de inocencia y posibles abusos de poder. Porque una cosa
es combatir el crimen… y otra muy distinta es dejar a alguien sin acceso a su
propio dinero sin previo aviso.
En un país donde la desconfianza institucional no es precisamente baja, esta
decisión no pasó desapercibida. Para algunos, es una herramienta necesaria.
Para otros, una puerta peligrosa.
Y mientras tanto, la pregunta queda en el aire: ¿qué tan fácil es pasar de
“sospechoso” a “bloqueado”?
