La relación económica entre México y Canadá enfrenta un nuevo foco de
tensión. La empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC) inició un
proceso de arbitraje internacional contra el Estado mexicano, en un caso que
pone bajo la lupa la política ferroviaria del actual gobierno.
El recurso fue presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial encargado de
resolver disputas entre inversionistas y Estados. La compañía argumenta
posibles violaciones a acuerdos internacionales, particularmente al Tratado
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, del cual tanto México como
Canadá forman parte.
El conflicto no surge de la nada. Se enmarca en la estrategia del gobierno
mexicano para reactivar el transporte ferroviario de pasajeros, un proyecto
impulsado desde la administración anterior y reforzado en el actual sexenio.
Esta política obliga a empresas privadas —principalmente dedicadas al
transporte de carga— a compartir su infraestructura con trenes de pasajeros.
Para CPKC, esta medida afecta directamente sus derechos como concesionario,
especialmente en la llamada Línea Noreste, uno de los corredores ferroviarios
más importantes del país. La empresa sostiene que estas decisiones impactan
sus inversiones protegidas bajo tratados internacionales, lo que abrió la puerta
al litigio.
El origen de la concesión se remonta a la privatización del sistema ferroviario
en los años noventa, cuando el gobierno mexicano otorgó permisos a empresas
privadas para operar distintas rutas. Con el paso del tiempo, estas concesiones
—vigentes por décadas— se convirtieron en la base del sistema ferroviario de
carga en el país.
Aunque la demanda ya está en curso, la empresa ha señalado que no prevé
afectaciones operativas inmediatas en sus servicios en México. Sin embargo, el
proceso legal podría tener implicaciones importantes a mediano plazo, tanto en
términos económicos como en la relación bilateral.
Por parte del gobierno mexicano, la defensa recaerá en la Secretaría de
Economía, que deberá responder a los señalamientos en el marco del arbitraje
internacional. El caso también se suma a otros litigios recientes en materia de
inversión extranjera, lo que incrementa la presión sobre la política económica
del país.
Más allá del resultado legal, el conflicto refleja un choque de visiones: por un
lado, un Estado que busca recuperar control estratégico del sistema ferroviario
para proyectos públicos; por el otro, empresas privadas que defienden
concesiones otorgadas bajo reglas anteriores.
En ese equilibrio —entre soberanía, inversión y tratados internacionales— se
jugará no solo el futuro del caso, sino también la confianza de inversionistas en
el sector ferroviario mexicano.