Sergio Baños, alcalde de Pachuca Hidalgo, asegura que durante su administración no se ha otorgado contrato alguno para dar en comodato el rastro municipal, incluso hablo de irregularidades encontradas en dicho lugar, así mismo aseguro que se han llevado a cabo avances para tener certeza jurídica de que una adecuada licitación del ayuntamiento para la concesión del rastro y este no quede en manos improvisadas.
Dice que el rastro municipal de Pachuca aún observa deficiencias jurídicas que la presente administración se encuentra subsanando, a la par que ya se encuentra diseñando una licitación nacional para que la concesión del inmueble no caiga en manos improvisadas ni sea otorgada a grupos o particulares por cuotas ni presiones, señaló el alcalde capitalino Sergio Baños Rubio.
La anterior declaración fue dicha durante una rueda de prensa, esto en respuesta a un cuestionamiento que obedeció a un video que circula en redes sociales del regidor Ricardo Islas Salinas, donde asegura que cuenta con un equipo de investigación (del cual no da detalle), pero asegura que “desde hace más de 17 años el rastro municipal ha sido objeto de un grupo que opera de manera ilegal y ventajosa”.
Ricardo Islas Salinas, regidor de Morena, ha hecho señalamientos sobre la presunta corrupción y existencia de una mafia que ha secuestrado el Rastro Municipal, así mismo ha asegurado que se está comiendo carne contaminada derivada del rastro municipal, por otro lado empleados del rastro han llevado a cabo protestas con pancartas en las que exigían al alcalde que pusiera fin a los problemas de corrupción, malos tratos, acoso laboral y maltrato animal en dicho espacio.
Cabe resaltar que durante la intervención del regidor, la transmisión en vivo de la sesión fue suspendida, mientras que solo se les permitió a algunos medios poder asistir y cubrir la información esta sesión.
Por otro lado Baños expreso: “Nosotros no hemos dado ningún contrato para que alguna agrupación administre en comodato el rastro. Lejos de haber irregularidades, nos encontramos un inmueble con carencias en la certeza jurídica… El rastro de Pachuca no tenía ni escrituras e incluso habían sido invadidos mil metros del inmueble por un particular y ya estamos en la última fase del proceso de recuperación”, asegurando que no se pueden otorgar concesiones tan fácilmente y que según quien esta a cargo del ayuntamiento no tiene facultad para hacerlo, explicando que es mediante un proceso que debe ser avalado por la asamblea municipal, organismo colegiado al cual precisamente pertenece el regidor que en su “desconocimiento”, ha hecho señalamientos hasta llegar a calificativos sin el menor sustento.
Vale la pena resaltar que para en el inicio de operaciones del grupo señalado, dicho grupo operaría primeramente bajo la figura de comodato según los lineamientos de ese entonces, siendo que en la administración de Yolanda Tellería, la figura cambió a concesión, misma fue otorgada por unanimidad de la asamblea municipal a la empresa Cárnicos de la Zona Metropolitana de Pachuca, es decir, que se originó mediante los procesos legales correspondientes.
En 2015 hubo una inversión tripartita para poder convertirse en un rastro de Tipo Inspección Federal, aunque cabe resaltar que no se logro cumplir con dicha condición.
Cabe señalar que en el video de Islas Salinas existe una deficiencia aritmética de acuerdo al monto de inversión, misma que ascendió a cerca de 50 millones de pesos, pero que con todo y con el documento en mano, “sumaron” 52 millones.
De igual manera se dijo que los administradores, en contubernio con los constructores y con funcionarios corruptos, habrían desviaron recursos, así mismo el haber lucrado durante más de diez años con el rastro.
El regidor ha señalado de igual manera a la administración de Pachuca de ser responsable que los administradores obtengan ganancias millonarias a costa del erario público, exhibiendo como contrato una solicitud de concesión, misma que como expresó el jurídico del ayuntamiento, no es un documento que genere derechos y la renovación debe pasar por la asamblea municipal, misma a la que el “denunciante” pertenece y proceso del que debería tener conocimiento.
