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OPINIÓN DE: MARÍA GIL
PACHUCA, HGO., 27 DE JUNIO DE 2025.
El gobierno de Estados Unidos ha lanzado una acusación formal contra tres instituciones financieras mexicanas, a las que señala como
vehículos clave en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y la compra de precursores químicos usados en la elaboración de fentanilo.
Las instituciones señaladas son CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
Según el Departamento del Tesoro estadounidense, estas entidades permitieron durante años transacciones millonarias vinculadas a al menos cuatro cárteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, así como a empresas chinas involucradas en la cadena de suministro de precursores químicos.
La Unidad de Delitos Financieros de EE. UU. emitió órdenes de restricción, prohibiendo a bancos estadounidenses realizar operaciones con estas instituciones mexicanas. La medida busca frenar el flujo ilícito de capital vinculado al tráfico de opioides, especialmente fentanilo, que ha causado una crisis de salud pública en Estados Unidos.
Tras dichas acusaciones la presidenta Claudia Sheinbaum respondió afirmando que el gobierno federal no ha recibido pruebas contundentes por parte de EEUU que confirmen las acusaciones.
La Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señalaron que solo se ha compartido información general, centrada en operaciones legales entre empresas mexicanas y chinas.
La ofensiva financiera de EE. UU. forma parte de una estrategia más amplia que considera al narcotráfico mexicano como una amenaza de seguridad nacional. Las autoridades estadounidenses han intensificado su vigilancia sobre las redes de lavado que cruzan la frontera y utilizan el sistema financiero formal para legitimar ganancias ilegales.
Aunque México y EE. UU. mantienen un amplio marco de cooperación en materia de seguridad y finanzas, esta acción ha tensado temporalmente la relación bilateral. Analistas advierten que, de confirmarse los señalamientos, se podría abrir la puerta a un escrutinio más severo del sistema financiero mexicano desde Washington.
Por ahora, los bancos señalados siguen operando con normalidad en territorio mexicano, aunque sus relaciones internacionales podrían
verse afectadas a mediano plazo.
El gobierno mexicano ha solicitado mayor información a EE. UU. y se comprometió a colaborar si surgen evidencias adicionales. Mientras
tanto, el caso pone una vez más bajo la lupa la fragilidad del sistema financiero frente a los tentáculos del narcotráfico internacional.