La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció este jueves la
revocación de la licencia bancaria y el inicio del proceso de liquidación de
CIBanco, después de que autoridades de Estados Unidos señalaran a la
institución por presuntas operaciones vinculadas al lavado de dinero.
El banco, que operaba en el país con servicios financieros corporativos y de
inversión, deberá cerrar sus operaciones de manera ordenada bajo supervisión
de la CNBV. La autoridad indicó que el proceso garantizará la protección de los
clientes y el resguardo de los depósitos, en coordinación con instituciones
financieras que asumirán las cuentas de los usuarios.
En un comunicado, la CNBV explicó que la medida se tomó “con base en la
normativa bancaria vigente y en cumplimiento de los estándares
internacionales de prevención de operaciones ilícitas, protegiendo la integridad
del sistema financiero mexicano”.
El señalamiento de Estados Unidos se centra en supuestas transacciones
irregulares detectadas en investigaciones contra el lavado de dinero, aunque
hasta el momento no se han presentado cargos formales contra directivos de la
institución. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) informaron que colaborarán en las investigaciones
correspondientes.
Clientes y accionistas de CIBanco recibirán información detallada sobre el
proceso de liquidación y los pasos para resguardar sus recursos. La CNBV
aseguró que se actuará de manera transparente para minimizar cualquier
impacto económico en el sistema financiero y en los usuarios.
Especialistas en finanzas consideran que esta medida refuerza la vigilancia
sobre los bancos y subraya la cooperación internacional para prevenir delitos
financieros. Asimismo, destacan que los bancos en México deben cumplir con
estrictos protocolos para evitar sanciones y preservar la confianza de los
mercados.
El caso de CIBanco se suma a otros incidentes recientes en América Latina que
han llamado la atención de organismos internacionales, reforzando la necesidad
de regulaciones más estrictas y de una mayor supervisión sobre el flujo de
recursos en el sector financiero.