El cierre del gobierno federal en los Estados Unidos ha puesto en jaque uno de
los pilares de la asistencia social: el programa Supplemental Nutrition
Assistance Program (SNAP), conocido popularmente como “cupones
alimentarios”. Según datos oficiales, casi 42 millones de personas podrían verse
afectadas si no se reabren los financiamientos de manera urgente.
La situación se agrava: la United States Department of Agriculture (USDA) ya
comunicó que no emitiría beneficios nuevos a partir del 1 de noviembre si el
presupuesto sigue sin aprobarse, pues declaró que no usará los fondos de
contingencia disponibles para cubrir la totalidad de los pagos.
En varios estados, las autoridades ya advierten a los beneficiarios que podrían
no recibir el pago mensual habitual, lo que implicará que muchas familias de
bajos recursos tendrán que elegir entre pagar renta, servicios o simplemente
poner comida en la mesa.
Para aquellas personas que ya tienen cargada su tarjeta EBT (Electronic Benefit
Transfer) con fondos de octubre, se aclara que esos recursos pueden seguir
usándose, pero no hay certeza de que se reciba retroactivamente el pago del
mes siguiente una vez que se restablezca el financiamiento. Este tipo de
medidas, más allá de generar tensión política —legisladores de ambos partidos
se culpan mutuamente por el estancamiento—, tiene un impacto tangible:
bancos de alimentos y despensas ya reportan mayor demanda, porque las
familias anticipan el corte de beneficios y se preparan para lo peor.
En resumen, lo que empezó como un bloqueo burocrático se convierte en un
riesgo real de inseguridad alimentaria para millones. El mensaje es claro:
cuando el Estado no puede aprobar su propio funcionamiento, los primeros en
resistirlo suelen ser los más vulnerables.