La Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió sacar pecho y anunciar lo que
considera un triunfo histórico: durante 2025, el 86 % de las escuelas en México
eliminó la venta de productos chatarra, incluyendo alimentos ultraprocesados y
bebidas azucaradas. Una cifra que suena contundente en el papel y que busca
reforzar el discurso oficial sobre salud infantil y combate a la obesidad.
Según la SEP, el resultado es producto de una estrategia legal que enfrentó
amparos, presiones de la industria y resistencia interna. El mensaje es claro: el
Estado ganó en los tribunales y en los pasillos escolares. Refrescos, frituras y
dulces quedaron fuera de la mayoría de los planteles, al menos de manera
oficial.
La ironía, sin embargo, no tarda en aparecer. Mientras las autoridades celebran,
muchos estudiantes siguen encontrando las mismas botanas a unos metros de
la entrada de la escuela. El problema no desaparece, solo se reubica. La
chatarra no se fue del todo; simplemente cambió de domicilio.
Aun así, la SEP insiste en que el avance es significativo. Argumenta que limitar
la oferta dentro de las escuelas es un paso clave para modificar hábitos
alimenticios desde la infancia. Menos azúcar, menos grasas y más opciones
saludables es la fórmula que se busca imponer, aunque el cambio cultural vaya
mucho más lento que los comunicados oficiales.
El logro judicial también es presentado como una señal de autoridad frente a
grandes empresas que durante años dominaron el mercado escolar. Para el
gobierno, la batalla no solo es nutricional, sino simbólica: demostrar que el
interés público puede imponerse al negocio.
La pregunta que queda en el aire es si esta política tendrá efectos reales a
largo plazo o si se quedará en una estadística optimista. Combatir la obesidad
infantil implica mucho más que prohibiciones: educación, acceso a alimentos
saludables y cambios en el entorno familiar.
Por ahora, la SEP celebra. El azúcar perdió una batalla legal, aunque la guerra
por los hábitos saludables apenas comienza.