La explanada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se convirtió
en escenario de protestas, pancartas y gritos de inconformidad luego de que
diversas organizaciones y ciudadanos se manifestaran contra la inminente
votación de un proyecto que, según acusan, podría validar los “desalojos
forzados” en México.
El proyecto, elaborado por la ministra María Estela Ríos González, ha encendido
las alarmas entre colectivos de vivienda, especialistas en derechos humanos y
familias que temen quedar en estado de vulnerabilidad si la Corte aprueba el
documento tal como está. Los inconformes exigieron posponer la votación y
modificar el contenido, argumentando que la propuesta podría ser usada por
gobiernos o particulares para sacar a personas de sus hogares sin las garantías
necesarias.
Para los manifestantes, este proyecto abre la puerta a decisiones
discrecionales y procesos injustos. “No se trata de defender invasiones, se trata
de proteger el derecho humano a la vivienda”, dijeron varias organizaciones,
que acusan que la iniciativa pone a los ciudadanos en desventaja frente al
poder inmobiliario y la autoridad judicial. En resumen: miedo a que un fallo
judicial pueda convertirse en una orden de desalojo “exprés”.
Mientras tanto, dentro de la SCJN, la presión no pasa desapercibida. La
polémica ha crecido al punto de convertirse en un tema político, jurídico y
social simultáneamente. Para muchos especialistas, el debate muestra una falla
estructural: México carece de políticas integrales de vivienda, lo que deja a

miles en situaciones precarias donde una resolución judicial puede ser la
diferencia entre tener techo… o no.
La ministra Ríos González ha defendido que el proyecto no promueve desalojos
arbitrarios, sino que busca dar claridad jurídica sobre la posesión y propiedad
de inmuebles. Sin embargo, sus detractores aseguran que, incluso con buena
intención, el texto podría tener efectos devastadores para quienes viven en
situación de vulnerabilidad.
La tensión crece, las protestas continúan y la SCJN se encuentra bajo la mirada
de miles. Porque pocas cosas generan tanta incertidumbre como la posibilidad
de perder tu hogar por una decisión que —según los manifestantes— podría
tomarse sin escuchar todas las voces.

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