El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna decidió que, si algo caracteriza
a un marino mexicano, es saber navegar tormentas… incluso cuando la
tormenta incluye acusaciones por vínculos con huachicol fiscal. Desde dentro
del penal del Altiplano, Farías presentó un amparo para impedir que la
Secretaría de Marina lo dé de baja, como quien pelea por conservar su
membresía en un club exclusivo.
La historia tiene tintes irónicos: un alto mando naval, acostumbrado a mandar y
disciplinar, ahora libra su batalla contra la propia Semar, institución que por
décadas lo respaldó. Pero la vida da giros inesperados, especialmente cuando
una investigación apunta a manejos turbios en temas fiscales.
El vicealmirante argumenta que su baja sería injusta mientras no exista
sentencia firme en su contra. En otras palabras: “no me corran mientras
resolvemos este pequeño detalle judicial”. El recurso legal busca frenar
cualquier decisión administrativa y, de paso, ganar tiempo en su defensa.
La Semar, por su parte, se mantiene firme en sus procedimientos internos.
Aunque no lo diga abiertamente, la institución no está ansiosa por mantener
entre sus filas a un mando que se encuentra en el ojo del huracán. Y el público,
que observa desde afuera, no deja de preguntarse cómo es que un vicealmirante
termina en la cárcel por temas relacionados con combustible, facturas y todo
un ecosistema delictivo que generalmente se asocia con crimen organizado.
Farías lucha ahora desde el Altiplano, un sitio donde las paredes escuchan más
historias de poder caído que de ascensos militares. Su amparo abre un nuevo
frente legal y político, poniendo a la Marina en la incómoda posición de
justificar por qué debería mantener a un mando de ese nivel entre sus filas.
¿Final abierto? Sí.
¿Ironía? También.
¿Moraleja? Incluso los más altos rangos pueden terminar peleando por
conservar su gafete.