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POR LA REDACCIÓN
PACHUCA, HGO., 16 DE ENERO DE 2026
En las últimas semanas, Morena en Hidalgo se ha visto envuelto en
una serie de polémicas que han puesto en entredicho el discurso de
ética, austeridad y respeto a la legalidad que el partido enarbola a nivel
nacional. Desde un incidente de prepotencia en un operativo
alcoholímetro hasta señalamientos por posibles conflictos de interés en
contratos millonarios del Infonavit, los casos han encendido el debate
público sobre el comportamiento de militantes y funcionarios vinculados
al partido en el poder.
Por un lado, la senadora Simey Olvera Bautista se vio obligada a
fijar postura tras el escándalo protagonizado por su excolaborador Efraín
Pedraza Cruz, quien fue captado actuando de manera prepotente durante
un operativo alcoholímetro en Pachuca, presuntamente invocando su
cercanía con figuras de Morena. Aunque la legisladora calificó como
“lamentables” las expresiones de su excolaborador y afirmó que este
tipo de conductas no deben permitirse ni minimizarse, también pidió no
“satanizar” al militante.
No obstante, el episodio generó una fuerte reacción ciudadana al
evidenciar prácticas que Morena ha prometido erradicar: el uso de
influencias y el trato desigual frente a la autoridad. Si bien Olvera
Bautista se deslindó del hecho y aseguró no haber tenido contacto con
Pedraza Cruz tras el incidente, el caso dejó un desgaste político y
cuestionamientos sobre la tolerancia interna del partido frente a estos
comportamientos.
A la par, otra controversia de mayor calado ha colocado bajo los
reflectores al diputado federal Ricardo Crespo Arroyo y al titular de la
Unidad de Planeación y Prospectiva del gobierno estatal, Miguel Tello
Vargas, debido a la adjudicación de contratos millonarios del Infonavit
en Hidalgo como parte del programa federal Vivienda para el Bienestar,
noticia que se dio a conocer en el periódico Reforma y la revista
Proceso.
En el caso de Crespo Arroyo, empresas vinculadas a sus hermanos
fueron beneficiadas con contratos cercanos a los mil millones de pesos
para la construcción de viviendas, lo que desató críticas por un posible
conflicto de interés, aun cuando el legislador ha defendido la legalidad
del proceso y ha negado haber intervenido en las decisiones del
instituto.
De forma paralela, Miguel Tello Vargas ha sido señalado por
presuntos vínculos con otra empresa beneficiada por el Infonavit,
acusaciones que el funcionario ha rechazado, asegurando que no tiene
relación alguna con la compañía ni participa en comités de contratación.
Sin embargo, la cercanía política y administrativa de los involucrados
con los programas federales ha alimentado la percepción de opacidad y
favoritismo.
Ambas polémicas, aunque de distinta naturaleza, convergen en un
mismo punto: la brecha entre el discurso de transformación y la práctica
política cotidiana. Mientras Morena insiste en que no se tolerarán
abusos ni conflictos de interés, los hechos ocurridos en Hidalgo han
provocado dudas sobre la efectividad de los mecanismos internos de
control y la voluntad real de sancionar conductas que dañan la
credibilidad del movimiento.
En un contexto de creciente escrutinio ciudadano, los casos de
Simey Olvera, Ricardo Crespo Arroyo y Miguel Tello Vargas reflejan el
desafío que enfrenta Morena para sostener su narrativa de cambio sin
que las polémicas locales terminen por erosionar su legitimidad política.