SCJN avala que militares y marinos acusados de ejercicio ilícito del servicio público sean juzgados por tribunales castrenses

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió este martes que los
militares y marinos acusados de ejercicio ilícito del servicio público podrán ser
juzgados por tribunales castrenses, y no únicamente por jueces civiles. Una
resolución que, como era de esperarse, ya encendió un debate nacional: ¿es
esto fortalecimiento institucional… o una puerta giratoria para la impunidad
uniforme?
La mayoría del Pleno determinó que, al tratarse de un delito incluido en el
Código Penal Federal y vinculado directamente al ejercicio de funciones propias
del servicio militar, los tribunales castrenses sí tienen competencia para
procesar a los elementos involucrados. En resumen: “si lo hicieron mientras
vestían el uniforme, lo juzga la casa”.
La resolución, sin embargo, dista de ser vista como un simple tecnicismo
jurídico. Diversos especialistas en derechos humanos advierten que este tipo de
decisiones debilita la supervisión civil sobre las Fuerzas Armadas,
especialmente en un contexto donde su participación en seguridad pública y
otras áreas se ha incrementado notablemente. La preocupación central: la
justicia militar tiende a ser menos transparente y más cerrada al escrutinio
público.
Por su parte, defensores de la medida aseguran que la Corte solo reconoció una
realidad jurídica ya establecida y que los tribunales castrenses cuentan con el
profesionalismo y la estructura necesarios para garantizar procesos justos.
Afirman que no se trata de encubrir abusos, sino de aplicar la ley como
corresponde.
La decisión llega en un momento políticamente sensible, donde las Fuerzas
Armadas han tomado roles cada vez más amplios en obras públicas, seguridad,
aduanas y hasta aeropuertos. Para muchos, permitir que los propios militares
juzguen delitos cometidos en funciones públicas podría reducir los mecanismos
de control externo.
En el fondo, el fallo pone de nuevo sobre la mesa un tema que México no
termina de resolver: ¿cómo equilibrar el poder creciente del Ejército y la Marina
con la obligación de garantizar justicia imparcial? La Corte ya dio su respuesta
legal. La respuesta social, esa que se discute en sobremesas y redes sociales,
apenas empieza.