La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a poner el reflector en uno de los temas
más olvidados —pero urgentes— del país: las condiciones laborales de los
jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California. Durante su intervención, la
mandataria afirmó que el nuevo plan gubernamental para esta región no solo es
un programa social más, sino una auténtica “agenda de justicia social y
laboral”, una frase que pretende sonar muy institucional pero que, en este caso,
va acompañada de acciones concretas.
San Quintín es conocido por su enorme producción agrícola, pero también por
las duras condiciones en las que trabajan miles de jornaleros: largas jornadas,
bajos salarios y acceso limitado a servicios básicos. Desde hace años,
organizaciones y trabajadores han denunciado prácticas que rozan la
explotación laboral. Y ahora, según Sheinbaum, el gobierno federal busca
cambiar esa historia.
El plan incluye medidas para mejorar salarios, garantizar seguridad social,
ampliar servicios médicos, asegurar vivienda digna y fortalecer inspecciones
laborales —esas que a veces brillan por su ausencia— para que las empresas
agrícolas cumplan la ley. Además, se contempla una estrategia de apoyo
educativo para familias jornaleras, especialmente para niñas y niños que
muchas veces terminan trabajando en los campos en lugar de ir a la escuela.
Sheinbaum subrayó que este esfuerzo no es improvisado, sino resultado de un
diagnóstico profundo y de la presión legítima de los propios jornaleros. También
insistió en que este sector ha sido históricamente invisibilizado, aunque
sostenga buena parte del consumo agrícola del país. Y sí: tiene razón. En
México, solemos aplaudir la cosecha… pero rara vez miramos a quienes la
levantan bajo el sol.
Las reacciones no tardaron: organizaciones celebraron el anuncio, aunque con
una dosis necesaria de escepticismo. Porque si algo enseñan los planes
gubernamentales es que el papel