Después de años —y siglos— de presencia viva en el territorio, el Congreso de
Chiapas decidió hacer oficial lo que ya era una realidad: el pueblo Akateko
existe. Con la aprobación de la reforma al artículo 7 de la Constitución estatal,
Akateko fue reconocido formalmente como pueblo originario, un paso histórico
que llega tarde, pero que abre una nueva página para el reconocimiento de la
diversidad indígena en el estado.
La reforma busca saldar una deuda histórica con una comunidad que ha
mantenido su lengua, tradiciones y organización social, pese a haber
permanecido durante décadas fuera del marco legal del reconocimiento
institucional. Porque sí, existían, resistían y hablaban su lengua… solo que no
figuraban en la Constitución.
El reconocimiento oficial implica, al menos en el papel, mayores garantías para
la preservación de su identidad cultural, el acceso a políticas públicas con
enfoque intercultural y el derecho a ser consultados en decisiones que afecten
su territorio. En otras palabras, el Estado finalmente acepta que no todas las
comunidades caben en una sola etiqueta.
Los legisladores celebraron la reforma como un avance en materia de derechos
indígenas y pluralidad cultural. Sin embargo, organizaciones sociales y voces
críticas recuerdan que el reconocimiento legal es apenas el primer paso. Sin
presupuesto, programas efectivos y voluntad política, el riesgo es que el
Akateko quede reducido a una mención elegante en un texto constitucional.
Chiapas es uno de los estados con mayor diversidad étnica del país, pero
también uno de los más desiguales. El reconocimiento del pueblo Akateko
ocurre en un contexto donde muchas comunidades indígenas siguen
enfrentando pobreza, marginación y falta de servicios básicos. El contraste
entre el discurso y la realidad sigue siendo evidente.
Aun así, la reforma tiene un valor simbólico poderoso: nombrar es reconocer, y
reconocer es el inicio de la justicia. El desafío ahora es que este acto no se
quede en aplausos legislativos y comunicados oficiales, sino que se traduzca en
derechos efectivos, respeto a la autodeterminación y políticas públicas que
vayan más allá de la corrección política.
Porque los pueblos originarios no necesitan permiso para existir; lo que
necesitan es que el Estado deje de ignorarlos.