La justicia también se somete a prueba. El Tribunal de Disciplina Judicial inició
el primer proceso de evaluación obligatoria para 840 jueces y magistrados que
fueron electos por voto popular el año pasado. Esta vez, no hubo toga que
protegiera del examen: todos tuvieron que sentarse a responder una prueba
teórico-práctica.
El objetivo del proceso es ambicioso y necesario: fortalecer la
profesionalización de quienes imparten justicia, garantizar la calidad del
desempeño judicial y, sobre todo, recuperar la confianza ciudadana en un
sistema históricamente cuestionado. Porque elegir por voto no garantiza saber
juzgar.
En esta primera etapa, los funcionarios judiciales fueron evaluados en
conocimientos jurídicos, capacidad de análisis y resolución de casos prácticos.
Nada de discursos ni sentencias decorativas: papel, preguntas y tiempo límite.
La intención, según el Tribunal, es medir habilidades reales y no solo
trayectorias en el currículum.
El proceso marca un precedente importante. Nunca antes un número tan amplio
de jueces y magistrados había pasado por una evaluación obligatoria de este
tipo, lo que coloca al Poder Judicial en un terreno poco cómodo pero necesario:
el de la rendición de cuentas.
Para algunos, la medida representa un avance hacia la transparencia; para
otros, una presión adicional sobre una institución ya saturada. Lo cierto es que
el mensaje es claro: la justicia también debe demostrar que sabe hacer su
trabajo.
Los resultados de esta evaluación servirán para detectar áreas de mejora,
definir procesos de capacitación y, eventualmente, aplicar sanciones si se
detectan deficiencias graves. El examen no es el final del camino, sino el inicio
de un control más estricto.
En un país donde la justicia suele llegar tarde o no llegar, poner a los jueces a
prueba no es castigo: es una necesidad. Y esta vez, la evaluación no fue
opcional.