“No obedecen al juez”: defensa del vicealmirante Farías Laguna señala a la Marina

La defensa legal del vicealmirante Farías Laguna lanzó una acusación directa y
delicada: la Secretaría de Marina no estaría cumpliendo órdenes judiciales
relacionadas con el caso de su cliente. No es un señalamiento menor, sobre
todo cuando quien aparece en el centro de la crítica es una de las instituciones
más sólidas y reservadas del país.
De acuerdo con los abogados del vicealmirante, existen resoluciones emitidas
por autoridades judiciales que no han sido acatadas por la Marina, lo que
—aseguran— vulnera el debido proceso y prolonga de manera irregular la
situación jurídica del militar. En términos simples: el juez ordena, pero la
institución no ejecuta.
La defensa sostuvo que estas omisiones afectan directamente los derechos de
Farías Laguna, quien permanece bajo un proceso que, según sus
representantes, debería avanzar conforme a la ley y no a la discrecionalidad
institucional. El caso, dicen, se ha empantanado entre trámites internos y
silencios administrativos.
Hasta el momento, la Secretaría de Marina no ha emitido una postura pública
detallada sobre estas acusaciones. Ese silencio, para la defensa, no es neutral:
es parte del problema. En un Estado de derecho, argumentan, ninguna
institución está por encima de una orden judicial, sin importar jerarquías ni
uniformes.
El señalamiento abre un debate incómodo pero necesario: ¿qué ocurre cuando
una orden del Poder Judicial choca con la estructura militar? ¿Quién supervisa
el cumplimiento cuando la institución señalada es juez y parte en sus propios
procesos?
Más allá del caso específico, la acusación toca fibras sensibles sobre la
rendición de cuentas dentro de las Fuerzas Armadas. La legalidad no debería
depender del rango, y el respeto a las resoluciones judiciales no debería ser
opcional.
Mientras el proceso continúa, la defensa insiste: el problema no es el juicio,
sino la falta de obediencia. Y en una democracia, ese detalle lo cambia todo.