La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la
República investiga si existe responsabilidad de la minera Vizsla tras el
secuestro de 10 de sus trabajadores.
El caso encendió alertas no solo por la gravedad del delito, sino por el contexto
en el que ocurrió. La minería, una actividad estratégica para la economía,
también opera en regiones donde la presencia del crimen organizado ha
complicado la seguridad.
La FGR busca determinar si la empresa cumplía con protocolos adecuados o si
hubo omisiones que pudieran derivar en responsabilidades legales.
El mensaje presidencial fue claro: no se descarta ninguna línea de
investigación.
Mientras tanto, las familias de los trabajadores viven horas de angustia. Más
allá de debates empresariales o políticos, hay diez personas cuya prioridad es
regresar a casa.
El caso vuelve a colocar sobre la mesa un tema incómodo: la seguridad laboral
en zonas de riesgo y la responsabilidad compartida entre Estado y sector
privado.
Porque cuando hay vidas en juego, las investigaciones no son trámite… son
urgencia.
