Cuando parecía que el expediente de Javier Duarte ya no podía engordar más,
aparece un nuevo capítulo. La Fiscalía General de la República (FGR) alista una
nueva acusación por peculado contra el exgobernador de Veracruz, confirmando
que su nombre sigue siendo sinónimo de procesos judiciales pendientes.
La audiencia prevista para este día, sin embargo, fue diferida para el próximo
jueves, un movimiento que, aunque técnico, vuelve a estirar una historia
marcada por retrasos, aplazamientos y una larga lista de cargos que no
terminan de cerrarse del todo. En el caso Duarte, la justicia avanza… pero con
cronómetro propio.
La nueva acusación se suma a un historial que convirtió al exmandatario en uno
de los símbolos más notorios de la corrupción política en México. Peculado,
desvío de recursos y uso indebido del dinero público son conceptos que, desde
hace años, acompañan su nombre en la conversación pública.
Para la FGR, el caso sigue abierto porque los daños al erario no se borran con el
tiempo ni con condenas previas. Cada proceso busca fincar responsabilidades
específicas y, en teoría, recuperar recursos que nunca debieron salir de las
arcas públicas. En la práctica, el avance ha sido lento y altamente observado.
El diferimiento de la audiencia no sorprendió. En casos de alto perfil, las
postergaciones se han vuelto parte del guion judicial. Aun así, la expectativa se
mantiene: cada nueva acusación reaviva el debate sobre la eficacia del sistema
de justicia y el verdadero alcance del combate a la corrupción.
Javier Duarte sigue preso, pero su historia legal está lejos de concluir. La FGR
insiste, los expedientes crecen y la pregunta persiste: ¿habrá un cierre
definitivo o solo más capítulos?
Por ahora, el próximo jueves vuelve a marcarse en el calendario. Y el caso
Duarte, una vez más, regresa a escena.