En medio del reacomodo en la Secretaría de Educación Pública, la presidenta
Claudia Sheinbaum soltó una frase que parece simple, pero lleva mensaje: “Los
libros de texto no son patrimonio de una persona”.
La declaración llega tras la salida de Marx Arriaga de la Dirección General de
Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, una etapa que
estuvo marcada por polémicas, debates ideológicos y amparos judiciales en
torno a los contenidos educativos.
Sin mencionarlo con confrontación directa, Sheinbaum dejó claro que los
materiales escolares pertenecen al Estado mexicano y, en un sentido más
amplio, a la sociedad. No a una figura, no a una corriente, no a una firma
editorial.
El mensaje busca enfriar la narrativa de que la salida de Arriaga implique un
cambio radical o una ruptura total. Más bien, apunta a una continuidad
institucional: los libros son política pública, no proyecto personal.
La ironía es evidente. En un país donde casi todo se personaliza —reformas,
decisiones, programas— ahora se subraya lo colectivo. Como si se recordara
que la educación, por definición, no debería tener dueño.
El debate sobre los contenidos no desaparece. Tampoco las críticas de quienes
consideraban que los libros tenían una carga ideológica excesiva, ni el respaldo
de quienes defendían su enfoque social. Pero la presidenta envía una señal de
control: la institución está por encima de las personas.
Al final, la discusión no es solo administrativa. Es simbólica. ¿Quién define lo
que aprenden millones de estudiantes? ¿Un equipo técnico? ¿Una visión
política? ¿Una administración en turno?
Sheinbaum responde con una idea clara: los libros son del país.
Y en educación, el mensaje importa tanto como el contenido.
