Morena, el partido que prometió ser diferente, vive en Campeche una de sus
crisis internas más evidentes. Diez diputados locales decidieron romper con la
gobernadora Layda Sansores, a quien acusan directamente de persecución
política, abuso de poder y uso faccioso de las instituciones. El conflicto no es
menor: exhibe fracturas profundas dentro del movimiento que gobierna el
estado… y el país.
La ruptura no solo fue política, también fue legal. Ante el temor de ser detenidos
—según ellos, de manera arbitraria— los legisladores optaron por una maniobra
polémica pero efectiva: restauraron el fuero constitucional, eliminado en
Campeche desde 2016. Sí, el mismo fuero que durante años fue criticado por
Morena como símbolo de impunidad, hoy volvió a la vida para proteger a sus
propios diputados.
Los legisladores disidentes aseguran que desde el Ejecutivo estatal se ha
emprendido una estrategia de intimidación, con investigaciones selectivas y
amenazas veladas, todo con el objetivo de silenciar voces críticas dentro del
Congreso local. En otras palabras, acusan que la promesa de libertad y
democracia interna terminó convertida en una cacería política.
Layda Sansores, conocida por su estilo confrontativo y por hacer de la denuncia
pública un sello personal, enfrenta ahora un escenario incómodo: miembros de
su propio partido la señalan por reproducir prácticas que Morena juró erradicar.
El discurso del “no somos iguales” empieza a hacer agua cuando el poder se
concentra y las diferencias se castigan.
La restauración del fuero ha encendido el debate público. Para unos, se trata de
un retroceso que revive privilegios del viejo régimen; para otros, es un escudo
necesario ante un gobierno que —dicen— usa la ley como arma política. Lo
cierto es que la decisión refleja el nivel de desconfianza entre los poderes del
estado.
Más allá del pleito interno, el caso Campeche deja una pregunta incómoda: ¿qué
pasa cuando el movimiento que llegó para combatir los abusos termina
recurriendo a las mismas herramientas que criticó? Morena enfrenta no solo
una fractura legislativa, sino una prueba de credibilidad. Y esta vez, el conflicto
no viene de la oposición, sino desde casa.