En los últimos seis meses, las sirenas han sonado casi una docena de veces en
un centro de detención migratoria en Texas. Y no por simulacros.
El Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en una zona rural del
estado, ha solicitado asistencia al 911 por emergencias médicas que involucran
a niños pequeños, incluidos bebés. El lugar opera bajo supervisión de U.S.
Immigration and Customs Enforcement (ICE) y alberga a un número creciente de
familias migrantes.
De acuerdo con registros de llamadas al 911, el personal del centro ha
reportado casos de fiebre alta, problemas respiratorios, convulsiones, fracturas,
niveles bajos de oxígeno e incluso el desmayo de una mujer embarazada. Las
emergencias han requerido la intervención de paramédicos y traslados
hospitalarios.
El dato que inquieta no es solo la gravedad de los casos, sino la frecuencia.
Casi doce llamados en medio año en una sola instalación.
Las condiciones dentro de los centros de detención migratoria han sido objeto
de debate constante en Estados Unidos. Organizaciones civiles han señalado
deficiencias médicas y sobrepoblación, mientras que las autoridades federales
aseguran que se cumplen los protocolos de atención.
El contraste es evidente: mientras se discuten cifras y políticas en Washington,
en el sur de Texas las ambulancias siguen llegando.
El centro de Dilley ha sido históricamente uno de los mayores complejos para
familias migrantes. Con el aumento de flujos migratorios y cambios en políticas
fronterizas, la presión sobre estas instalaciones se ha intensificado.
La pregunta que persiste es incómoda pero inevitable: ¿están preparados estos
centros para atender adecuadamente a menores de edad en situaciones de
vulnerabilidad extrema?
Porque más allá del debate migratorio, cuando los protagonistas son niños con
convulsiones o dificultades respiratorias, la discusión deja de ser política y se
vuelve humana.
Y ahí, las estadísticas ya no alcanzan.