Cuando se habla de contratos en el sector salud, uno espera medicinas,
equipos, atención. Lo que no se espera —aunque ya no sorprenda— es que
aparezcan empresas fantasmas en la ecuación.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó ante una jueza federal al ex
secretario de Administración y Finanzas del Instituto Politécnico Nacional (IPN),
Javier Tapia Santoyo, por presuntamente adjudicar contratos por más de 11
millones de pesos a una empresa inexistente.
Los hechos se remontan a cuando Tapia se desempeñaba como tesorero del
Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. Según la acusación, los contratos
estaban relacionados con servicios de salud, un sector donde cada peso
debería traducirse en atención médica y no en facturas simuladas.
La palabra “empresa fantasma” ya es tristemente familiar en el discurso
público. Se trata de compañías creadas en papel, sin operaciones reales, que
sirven como vehículo para desviar recursos. En este caso, la cifra supera los 11
millones de pesos. Una cantidad que, en hospitales públicos, puede significar
insumos, cirugías o tratamientos para cientos de pacientes.
El proceso judicial apenas comienza y será una jueza federal quien determine la
responsabilidad del exfuncionario. Mientras tanto, el caso vuelve a colocar bajo
la lupa la administración de recursos en instituciones públicas.
Porque no se trata solo de números. Se trata de confianza. De ciudadanos que
aportan impuestos esperando servicios. De pacientes que dependen del sistema
público para sobrevivir.
En redes sociales, la indignación no tardó en aparecer. “Otra vez salud”, “otra
vez contratos”, “otra vez fantasmas”, repiten los comentarios. Y es que cuando
el dinero destinado a hospitales termina en el aire, el golpe no es político: es
humano.
La pregunta ahora no es si habrá consecuencias mediáticas, sino si las habrá
legales. Porque en un país donde los escándalos abundan, lo verdaderamente
extraordinario sería ver justicia completa.
Y en temas de salud, lo mínimo exigible no debería ser un milagro… sino
transparencia.