En México hay finales cardíacos, pero pocos tan discretos —y millonarios—
como el que acaba de resolverse en la Suprema Corte. Esta vez, el marcador
quedó así: Televisa 103 millones, Hacienda… a pagar.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de Televisa,
dejando sin materia un recurso de revisión promovido por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP). En términos simples: el camino legal que
buscaba frenar el pago quedó cerrado.
El proyecto fue elaborado por el ministro Espinosa Betanzo y, con su resolución,
Hacienda deberá entregar a la televisora alrededor de 103 millones de pesos.
Una cifra que, para el ciudadano promedio, suena a presupuesto de varias
colonias juntas… pero que en los grandes despachos se discute con sobriedad
técnica.
La decisión no significa necesariamente que haya un “premio”, sino que
jurídicamente el recurso interpuesto ya no tenía razón de ser. Es decir, quedó
sin materia. Traducido al español cotidiano: se acabó el partido antes de que
Hacienda pudiera remontar.
El fallo revive el debate sobre la relación entre el poder económico y el poder
institucional en México. Para algunos, se trata simplemente de un litigio ganado
conforme a derecho. Para otros, es un nuevo capítulo en la historia de cómo los
grandes consorcios logran defender —con éxito— sus intereses ante el Estado.
En redes sociales, la noticia no pasó desapercibida. Hubo quienes cuestionaron
el impacto que este pago tendrá en las finanzas públicas, mientras otros
defendieron que el respeto al debido proceso es la base del Estado de derecho,
incluso cuando el beneficiado es uno de los gigantes mediáticos del país.
Lo cierto es que, mientras millones de mexicanos hacen cuentas para llegar a
fin de mes, 103 millones cambiarán de cuenta bancaria por decisión judicial. Y
en este caso, la última palabra la tuvo la Corte.
Porque en México, a veces, los capítulos más caros no se transmiten en horario
estelar… se resuelven en tribunales.