En México, la línea entre investigador y protagonista parece cada vez más
delgada. Erick Adrián García Gómez, ahora juez electo por voto popular, acusó a
cinco excolaboradores del exprocurador Jesús Murillo Karam por presuntas
irregularidades en contratos por 786 millones de pesos.
Nada menor: arrendamientos, tecnología, capacitación… todo bajo sospecha. El
problema no es solo la acusación, sino quién la hace.
García Gómez trabajó durante una década como agente del Ministerio Público
en la misma área de la FGR que investigó el caso. Es decir, conoce el
expediente… porque él mismo formó parte de su construcción.
Ahora quiere presidir las audiencias del proceso. Sí, básicamente pasar de
investigador a juez en su propio caso.
El asunto lleva cinco años sin siquiera tener audiencia inicial, lo que lo
convierte en otro ejemplo de la velocidad judicial mexicana: lenta cuando
conviene, inexistente cuando incomoda.
La situación abre un debate serio sobre conflictos de interés, imparcialidad y el
nuevo modelo de elección de jueces. Porque una cosa es conocer el caso… y
otra muy distinta juzgarlo.
Pero en México, aparentemente, eso también se puede.