Cuando el diálogo falla, la calle habla. Y esta vez, habló con bloqueos.
Integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano decidieron
sitiar los accesos de la Secretaría de Gobernación tras denunciar que fueron
excluidos de una mesa de trabajo que, en teoría, buscaba atender sus
demandas.
La escena no es nueva en México, pero sí cada vez más frecuente:
organizaciones sociales que pasan del escritorio a la protesta ante la falta de
acuerdos. Según los manifestantes, no solo se les negó participación en el
diálogo, sino que además han sido objeto de criminalización por parte de las
autoridades.
La ironía es evidente: una mesa de “diálogo” que deja fuera a quienes buscan
ser escuchados.
Los productores agrícolas, que enfrentan desde hace años problemas como
falta de apoyos, encarecimiento de insumos y condiciones desiguales de
mercado, aseguran que la exclusión no es un hecho aislado, sino parte de una
estrategia para debilitar sus demandas.
Ante este escenario, optaron por la presión directa: bloquear accesos a una de
las dependencias clave del gobierno federal. Una medida que incomoda, sí, pero
que también visibiliza un problema que, de otra forma, podría quedar atrapado
en la burocracia.
El señalamiento de “criminalización” añade un elemento aún más delicado. No
se trata solo de ser ignorados, sino de sentirse perseguidos por exigir atención.
Un discurso que, en el contexto actual, resuena con fuerza entre distintos
sectores sociales.
Por su parte, las autoridades no han dado una respuesta contundente que
desactive el conflicto. Y mientras eso no ocurra, el riesgo es claro: que la
protesta escale.
Al final, el mensaje de los manifestantes es simple, aunque incómodo: si no hay
espacio en la mesa… lo harán en la calle.
Porque en México, el diálogo no siempre se rompe con palabras.
A veces, se rompe con puertas cerradas.