Las denuncias por acoso sexual y hostigamiento laboral volvieron a alcanzar a
un funcionario federal, y esta vez las acusaciones apuntan directamente a
Rafael Cervantes de la Teja, director general de Desarrollo Carretero de la
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
De acuerdo con testimonios presentados ante la Fiscalía Especial para los
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, así como ante la
Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, el funcionario habría utilizado su
posición para acosar a mujeres subordinadas y ofrecer ascensos laborales a
cambio de favores sexuales.
Tres exempleadas coinciden en la misma mecánica: colocar mujeres en cargos
cercanos para hostigarlas constantemente. Si accedían a las insinuaciones,
llegaban los ascensos. Si se negaban, terminaban despedidas.
La frase atribuida al entorno de las denunciantes resume el nivel de
indignación: “Exige favores sexuales a cambio de ascensos; si lo rechazas, te
corre”.
Aunque las denuncias existen desde 2024, el caso volvió a cobrar fuerza luego
de que se filtraran nuevos testimonios y se cuestionara la lentitud de las
autoridades para actuar.
Las acusaciones también reavivaron el debate sobre el discurso oficial de
combate a la corrupción y protección a las mujeres dentro del servicio público.
Porque mientras en las conferencias se habla de igualdad y respeto, varias
trabajadoras aseguran haber vivido exactamente lo contrario dentro de las
oficinas.
Hasta el momento, Rafael Cervantes de la Teja no ha emitido un
posicionamiento público sobre las acusaciones. Tampoco se ha informado sobre
una posible separación del cargo mientras avanzan las investigaciones.
En redes sociales, usuarios cuestionaron que este tipo de casos suelen tardar
años en resolverse y muchas veces terminan enterrados entre trámites
burocráticos, silencios institucionales y protección política.
Porque en México, denunciar acoso todavía puede costarle más a la víctima que
al acusado.