La Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República destaparon uno
de los presuntos casos de lavado de dinero más grandes de la última década en
México. La cifra investigada ronda los 10 mil millones de pesos en menos de
tres años.
Sí, leyó bien: una cantidad comparable al presupuesto anual de dependencias
federales completas.
La investigación involucra a empresas como Optimización Dalga, Lovies y
OHAT, algunas ya catalogadas por el Servicio de Administración Tributaria
como empresas factureras o EFOS, es decir, compañías dedicadas a simular
operaciones para evadir impuestos y mover recursos de origen dudoso.
Según las indagatorias, la red habría realizado movimientos financieros a favor
de cientos de personas físicas y morales, muchas también relacionadas con
operaciones simuladas.
Por el tamaño del dinero detectado, la Fiscalía Especializada en Materia de
Delincuencia Organizada pidió apoyo a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores para verificar si las compañías tenían autorización para operar como
centros cambiarios o transmisores de dinero.
La respuesta fue contundente: ninguna de las empresas contaba con permisos o
antecedentes como entidad financiera autorizada.
El caso volvió a encender las alarmas sobre el gigantesco negocio de las
factureras en México, un esquema que durante años permitió mover millones
con apariencia legal mientras el SAT intentaba cerrar agujeros fiscales.
En redes sociales, usuarios ironizaron comparando la velocidad con la que
Hacienda detecta movimientos millonarios frente a la rapidez con la que a
cualquier ciudadano le congelan la cuenta por deber impuestos menores.
Porque en este país, si debes mil pesos al SAT te encuentran hasta debajo de
las piedras… pero para mover miles de millones parece que siempre aparece
alguna “empresa milagro”.