En Tijuana, la palabra “extorsión” dejó de ser un rumor incómodo
para convertirse en una variable permanente del costo de hacer
negocios. Frente a un entorno donde el cobro de piso, las amenazas
telefónicas y las presiones irregulares en algunos casos atribuidas tanto
a la delincuencia como a redes de corrupción han golpeado al comercio
local, el sector empresarial ha comenzado a “blindarse” no con muros
físicos, sino con organización, presión política y acuerdos de seguridad.
En los últimos meses, organismos empresariales han insistido en
que la extorsión no solo persiste, sino que se ha normalizado como un
freno directo al crecimiento económico. Representantes del sector han
señalado que el problema ya forma parte de la agenda pública y que, por
primera vez en años, existe reconocimiento institucional de su gravedad,
así como acciones iniciales de coordinación con autoridades
municipales y cámaras empresariales.
Uno de los movimientos más recientes en esta dirección es la
incorporación de Tijuana a una estrategia más amplia contra la
extorsión, mediante pactos entre gobierno local y organismos
empresariales que buscan fortalecer la denuncia, mejorar la seguridad y
reducir la impunidad. Este tipo de acuerdos reflejan una tendencia clara:
el sector productivo no solo exige seguridad, sino que participa
activamente en su diseño.
Sin embargo, el problema de fondo sigue intacto. La extorsión en
la ciudad no se limita a un solo actor. Abarca desde grupos criminales
hasta redes informales de presión que operan en distintos niveles, lo que
ha llevado a una percepción de vulnerabilidad constante entre
comerciantes, particularmente en pequeñas y medianas empresas.
Casos recientes de detenciones por intentos de extorsión muestran que
el fenómeno es cotidiano y disperso, más que excepcional.
En este contexto, el llamado “blindaje” empresarial no es una
solución definitiva, sino una respuesta de supervivencia. Las cámaras de
comercio han exhortado reiteradamente a denunciar, pero también
reconocen que existe una cifra negra importante: negocios que prefieren
cerrar, negociar en silencio o migrar antes que enfrentar amenazas.
La paradoja es evidente. Mientras el gobierno impulsa pactos y
estrategias nacionales contra la extorsión, el empresariado actúa como
primer respondiente, invirtiendo en medidas de protección, redes
internas de comunicación y presión política. Pero esa reacción, aunque
necesaria, no sustituye la obligación del Estado de garantizar
condiciones mínimas de seguridad y justicia.
En el fondo, el “blindaje” de Tijuana no es una historia de fortaleza
empresarial, sino un síntoma de desgaste institucional. La ciudad se
mantiene activa gracias a quienes siguen apostando por ella, pero cada
cierre de negocio, cada denuncia no presentada y cada intento de
extorsión tolerado deja una huella silenciosa en su economía.