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DIEZ VIDAS PERDIDAS, UN ESTADO BAJO FUEGO Y TRES GOBIERNOS OBLIGADOS A RESPONDER
POR LA REDACCIÓN
PACHUCA, HGO., 24 DE JULIO DE 2026
La masacre de Zacatecas, con diez personas asesinadas entre las que se encuentra un exalcalde de Sombrerete, empresarios y exfuncionarios, no puede ser vista únicamente como un episodio más de la violencia criminal que golpea al país.
El caso revela algo mucho más grave: la posible penetración de la extorsión, la colusión y el crimen organizado en las estructuras económicas y políticas de una entidad que requiere, con urgencia, la atención coordinada de los tres órdenes de gobierno.
La Fiscalía de Zacatecas ha informado que al menos dos de los empresarios asesinados habrían tenido participación en actividades de extorsión. Pero el propio fiscal ha advertido que esa participación pudo haber sido voluntaria o bajo coerción y que se trata de una línea de investigación aún abierta. Esa precisión es fundamental: investigar no significa condenar públicamente a las víctimas.
Lo que sí está claro es que la violencia alcanzó un nivel que no puede normalizarse. Diez personas fueron privadas de la libertad y posteriormente asesinadas; algunas fueron encontradas colgadas de un puente. Entre las víctimas había personajes vinculados con la vida política, empresarial y pública de la región. La brutalidad del crimen no sólo arrebató vidas: envió un mensaje de terror a toda la sociedad zacatecana.
Y aquí aparece la pregunta que no puede evadirse: ¿cómo es posible que un estado llegue a un punto en el que empresarios, funcionarios y exfuncionarios puedan ser secuestrados y asesinados en una operación de esta magnitud?
La respuesta no puede limitarse a desplegar más elementos de seguridad después de la tragedia. Se necesita inteligencia, investigación financiera, coordinación real y resultados judiciales. También se necesita revisar si hubo omisiones, complicidades o filtraciones desde las estructuras gubernamentales.
Zacatecas no puede ser atendido únicamente por el gobierno estatal. El municipio tiene responsabilidades en materia de prevención, proximidad y vigilancia; el Gobierno del Estado debe garantizar una Fiscalía capaz de investigar hasta las últimas consecuencias; y la Federación tiene la obligación de intervenir con inteligencia, capacidad operativa y seguimiento financiero cuando el crimen organizado rebasa las capacidades locales.
Los tres niveles de gobierno deben entender que la ¿extorsión no es un delito menor?. Es una forma de control territorial. Cuando un empresario paga para trabajar, cuando un comerciante paga para abrir su negocio o cuando un funcionario es presionado para facilitar operaciones ilícitas, el Estado pierde autoridad y el crimen gana poder.
La tragedia de Zacatecas debe ser una llamada de atención nacional. No basta con detener a algunos presuntos responsables. Hay que desmantelar las redes completas: quienes ordenan, quienes ejecutan, quienes financian, quienes lavan dinero y quienes, desde alguna posición pública, pudieran facilitar la operación criminal.
La sociedad zacatecana merece respuestas. Merece saber quiénes fueron los responsables, por qué ocurrió la masacre y si existieron complicidades institucionales. Pero, sobre todo, merece recuperar la certeza de que vivir, trabajar y emprender en Zacatecas no significa estar obligado a someterse al crimen. Este no es un problema exclusivo de un municipio, de un partido político ni de una administración. Es un desafío de Estado.