En una nueva muestra de hostilidad hacia los medios de comunicación, el expresidente Donald Trump ha presentado una demanda por difamación por un monto de 10.000 millones de dólares contra Rupert Murdoch, The Wall Street Journal, y dos de sus periodistas. La querella surge tras la publicación de un reportaje en el que se sugiere que Trump envió una carta de cumpleaños con un dibujo de una mujer desnuda a Jeffrey Epstein, el notorio criminal sexual.
Más allá del contenido del artículo cuya veracidad será debatida en los tribunales, el acto de demandar con cifras exorbitantes a periodistas por informar sobre figuras públicas plantea una pregunta urgente: ¿estamos presenciando un intento velado de censura?
Demandas de este calibre, aun cuando no prosperen legalmente, tienen el potencial de generar un efecto amedrentador sobre la prensa.
La amenaza no es solo judicial o financiera: también se trata de establecer un precedente para otros periodistas, editores y medios. La
señal es clara: informar sobre figuras poderosas podría costar caro.
CNN ha calificado esta demanda como “una extraordinaria escalada” en la campaña legal de Trump contra los medios que considera opositores. Y no es un hecho aislado. Durante y después de su presidencia, Trump ha atacado verbalmente a reporteros, ha bloqueado el acceso a ciertos medios en eventos oficiales, y ha popularizado el término “fake news” para desacreditar el periodismo crítico.
Si bien el expresidente tiene derecho a defender su reputación, el uso sistemático de litigios como herramienta de presión levanta alarmas entre organizaciones de defensa de los derechos civiles y la libertad de expresión.
Irónicamente, la demanda también apunta a Rupert Murdoch, magnate mediático que durante años fue uno de los principales aliados de Trump a través de Fox News. El hecho de que ahora Murdoch y su periódico se conviertan en blanco de la censura legal marca una fractura dentro del ecosistema mediático conservador de EE. UU., y resalta que ningún periodista está a salvo cuando el poder decide que informar se convierte en un acto de traición.
Este caso se suma a una tendencia global preocupante: el uso del poder político, económico y judicial para silenciar a la prensa independiente. Desde América Latina hasta Europa del Este, los líderes autoritarios han aprendido que demandar periodistas puede ser tan efectivo como encarcelarlos.
La democracia necesita un periodismo libre, capaz de investigar y cuestionar sin temor a represalias. Las demandas millonarias contra reporteros por informar sobre asuntos de interés público deben ser vistas como lo que realmente son: una forma moderna y sofisticada de censura.