La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una de las reformas más esperadas en materia financiera: los bancos ya no podrán deducir de impuestos las aportaciones que realizan para cubrir la deuda del Fobaproa, mecanismo creado en los años 90 para rescatar a instituciones bancarias durante la crisis económica.
Sheinbaum subrayó que esta medida busca “terminar con privilegios fiscales injustos” y garantizar que la banca aporte lo que le corresponde sin trasladar esa carga al erario. Hasta ahora, las instituciones financieras podían deducir dichas aportaciones, lo que en la práctica reducía su pago de impuestos.
Con la reforma, se estima que el gobierno obtendrá ingresos adicionales que podrían destinarse a programas sociales, infraestructura y educación. “La deuda del Fobaproa ha sido una carga histórica para el pueblo de México, no podemos seguir permitiendo que los bancos obtengan beneficios fiscales mientras la ciudadanía paga las consecuencias”, señaló la mandataria.
Expertos en economía coinciden en que la medida marcará un precedente en la relación entre gobierno y sector financiero, aunque advierten que es probable que los bancos reaccionen con reservas e incluso busquen mecanismos legales para defender sus intereses.
El Fobaproa, convertido en IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario), concentra una deuda de cientos de miles de millones de pesos que ha sido pagada por el Estado a lo largo de más de dos décadas. Críticos de este esquema señalan que representó un “rescate injusto” a costa del pueblo, y por ello celebran que el gobierno actual limite los beneficios que tenían los bancos.
La iniciativa será enviada al Congreso en el próximo periodo legislativo, donde se prevé un intenso debate entre oficialismo y oposición. Mientras el bloque de Sheinbaum insiste en que se trata de justicia social, sectores empresariales y financieros podrían advertir riesgos para la inversión y la estabilidad del sistema bancario.
Con este anuncio, el gobierno federal busca mostrar un mensaje claro: las instituciones financieras deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en igualdad de condiciones que cualquier empresa o ciudadano.